Nuestro país no tiene pierde en novedades. Y pareciera que todas se juntaran a fin de año; algo así como las premoniciones sísmicas de antaño que habían asignado al mes de octubre como el mes de los temblores. Tenemos que ir agregando en el calendario popular que alguna sorpresa la casta política, nacional y local, y sus adláteres nos deben tener lista. Y nos la dieron con el escándalo que involucra a la fiscal Patricia Benavides y el Poder Judicial, varios congresistas del variopinto hemiciclo que tenemos y posiblemente otras personas más, muchas más. Y de yapa, la posible liberación de Alberto Fujimori, algo de refilón. En los momentos que escribo este artículo, discurre por los medios de comunicación y redes sociales una serie de especulaciones sobre este destape que ha expuesto la podredumbre del sistema judicial y, de paso, muchas organizaciones políticas como el congreso en sí y los partidos políticos, esos que están eliminando los candados para evitar personajes como los que ahora pululan por los pasillos de ese edificio. Ensayan justificaciones ante hechos ya evidentes y demostrados por algunas personas involucradas y un colaborador eficaz, el cual (me temo) estará temiendo por su vida. Mientras las partes involucradas y sus simpatizantes se deshacen en peregrinas justificaciones y leguleyadas, la ciudadanía ve con bastante escepticismo que haya acciones más concretas contra todos los involucrados, desde la fiscal hasta los congresistas que negociaron sus oscuros pasados. Algunos analistas deslizan la idea de casi dejar las cosas como están, un statu quo “necesario” para evitar que el edificio, sostenido por mocos y babas, se desmorone como castillo de naipes. La caída de la fiscal no sería sola; arrastraría a Dina Boluarte, la que ha jugado en pared con ella y Otárola, quien ya ha aparecido mencionado en los planes para defenestrar a la ex fiscal Zoraida Ávalos. Las acciones hechas por Benavides habían sido un escándalo, pero faltaban las pruebas necesarias para mostrar cómo la corrupción ha ido enquistándose como cáncer en los poderes del Estado. De estar Otárola en la danza, pues ahí tendremos los tres poderes enlodados con las evidencias necesarias que exigen un “saneamiento”. Pero las inmunidades políticas juegan en contra del reclamo ciudadano, se escudan en ellas para escapar de la justicia. Esto no hace más que acentuar el deterioro político y atenta contra la institucionalidad, tan venida a menos en nuestro país. Todo esto incrementa la desconfianza en el sistema democrático; el cual, ante los ojos de nuestra escasa cultura política y cívica, se debilita ante la ciudadanía por la sensación de impunidad que ayuda a aumentar la anomia social en la que estamos sumergidos por varias décadas. Ese escepticismo se trasluce en el desentendimiento y hartazgo por la vida política, esos que han permitido que muchas lacras estén gobernando, de una manera u otra, nuestras vidas a todo nivel.
