Sábado 28 de julio del 2018.
Vizcarra anuncia ante el Congreso de la República y la nación cuatro reformas
vitales para la continuidad democrática: reforma del Consejo Nacional de la
Magistratura, bicameralidad, no reelección de congresistas y financiamiento
anónimo de los partidos. Cuando el Presidente anunció estas urgentes reformas,
muchos peruanos expresamos nuestro abierto apoyo a estas, habida cuenta de que
veníamos de una racha contundente de actos de corrupción, siendo el corolario
de estos, la difusión de audios realizados en el marco de una investigación de
lavado de activos, tráfico de influencias y narcotráfico. Estas últimas
evidencias que envolvieron a jueces, políticos, periodistas, empresarios e,
incluso, deportistas, colmaron la paciencia de millones, salvo de aquellos que
se sienten o están vinculados de una manera u otra con estas formas abiertas y
claras de la corrupción política, social y económica de la sociedad peruana.
Domingo 16 de setiembre. El
Presidente Martín Vizcarra da un discurso a la Nación. En este, Vizcarra pide
enérgicamente al Congreso de la República que tome las acciones necesarias para
comenzar a trabajar decididamente en las cuatro reformas anunciadas en su
discurso a la nación este último 28 de julio. Tras cincuenta días, a pesar de
los reclamos de todos los sectores de la sociedad, incluidas la iglesia y
colegios profesionales; la mayoría de congresistas ha estado optando por tomar
una actitud contraria y de boicot contra estas urgentes propuestas que permitirán
sostener la débil democracia peruana, evitar el avance arrollador de la
corrupción y de su principal promotor: el narcotráfico. Muchos de ellos lanzaron
advertencias tomando posturas desafiantes, anunciando una dictadura solapada o afirmado
que la actitud de Vizcarra lo pintaba como un dictador. A lo largo de estos
cincuenta días, diversos congresistas se volvieron los portavoces visibles de
la posición adversa de sus líderes a quienes representan. La permanencia y la
demora para atacar este grave asunto son evidentes, comenzando con el blindaje hasta
la actualidad del cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, vinculado
dentro de las investigaciones contra la organización delictiva “Los cuellos
blancos”. O la grosera demora para agilizar proceso contra el juez “hermanito”
César Hinostroza Pariachi. El anuncio de Salaverry, días previos al mensaje de
Vizcarra, es la validación de la actitud de la mayoría congresal, interesados
en proteger a sus cuestionados líderes.
La sospechosa celeridad post
discurso obedece a una estrategia de acallar los clamores populares y buscar
estrategias legales o subterfugios con el fin de volver a fojas cero. Esperan
que las aguas se aquieten para tener nuevamente a los mismos congresistas de la
mayoría y sus aliados poblando los medios con las justificaciones que han
permitido acelerar la justicia para unos y excluir escandalosamente a los peces
gordos.
