En un reciente viaje por la
Amazonía peruana, me topé en la ciudad de Nauta con una notable exposición que
inspira este artículo. Al llegar a esta pequeña ciudad portuaria, decidimos dar
una vuelta por sus principales atractivos; en su plaza de armas vimos un mural
muy interesante que refleja la desconfianza atávica de las numerosas etnias que
pueblan la selva con la “civilización” y los hombres blancos (civiles,
religiosos o militares) que la llevaban y llevan consigo. Para redondear la
jornada, en su Municipalidad se clausuraba una interesante exposición sobre la
vida y contexto histórico de Roger Casement, un irlandés que luchó contra la
esclavitud moderna que se dio en el Congo belga y en la selva amazónica por el
caucho. Este personaje fue testigo de cómo, a través de artilugios y mañas,
fueron captando y deshaciendo comunidades íntegras de aborígenes, usados como
esclavos y tratados como tal. En esta “empresa” de inicios de los XX, actuaron colonizadores,
caucheros, autoridades civiles y militares, empresarios oriundos de la zona. Siglos
anteriores, la evangelización de muchas de estas etnias fue un proceso doloroso
que terminó con muertes numerosas en sendos bandos. Las instituciones del
Estado, débiles y corruptas, lejos de apoyar a los aborígenes, se coludían con
estas para facilitarles la masacre que hicieron en la selva peruana. Algunas
familias pudientes actuales construyeron su fortuna con la sangre blanca del
látex y la roja de los miles de indígenas, hombres, mujeres y niños, asesinados,
mutilados, azotados, esclavizados. Ahora ya no es el caucho. Ahora es el
petróleo y la coca. La selva no sigue creyendo en el Estado ni en los hombres
que prometen progreso.
La credibilidad se construye
no solo con buenas intenciones, sino con verdaderas acciones que permitan
establecer puentes de confianza entre las partes interesadas. Y en eso estamos
fallando de forma grosera. Solo basta ver los índices de percepción de corrupción
en nuestra sociedad y es lamentable ver que los entes estatales encargados de
la protección y justicia de nuestro país cargan sobre sí la fama de ser los más
corruptos, encabezados por el Poder Judicial. Este organismo, en su conjunto,
no hace sino corroborar con diversas acciones de sus miembros en validar dicha
percepción: lo sucedido con Riera y el archivamiento del caso Joaquín Ramírez
acrecientan nuestras dudas. Lo de Lava Jato, un poco desapercibido por el
eufórico momento deportivo, es una verdadera prueba de fuego para los organismos
y personas responsables de sancionar severamente estos hechos de corrupción. Lo
lamentable es que instituciones foráneas le están dictando la agenda tanto al
Congreso (con sus numerosas e inoperantes comisiones) así como al alicaído
sistema judicial. Se habla ahora de 55 empresas asociadas a Odebrecht que
deberán pagar reparación civil al Estado: ¿se hará efectiva y transparente la
sanción? ¿0 credibilidad?
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