Tenemos una nueva situación municipal a la usanza trujillana. El alcalde Arturo Fernández Bazán ha sido suspendido de sus funciones. De ahí, el camino de la revocatoria ha logrado forma, pero tomará su buen tiempo para culminar dicho proceso. Hemos vuelto una vez más a la incertidumbre, luego de todos los vaivenes de casi dos años en los que el alcalde ha dicho mucho y ha hecho poco. Todo parece indicar, además, que APP copará así las dos entidades políticas más importantes de la región: el Gobierno Regional y la Alcaldía Provincial. Este es el panorama que viven los trujillanos y que nos trae recuerdos de la breve gestión de Daniel Marcelo que permitió el ascenso de José Ruiz, su correligionario político; este aceleró el deterioro de nuestra ciudad en muchos de sus servicios y sistemas básicos, y hubo muchos visos de corrupción. Sin embargo, lo que estamos viendo es sólo la punta de un iceberg del acelerado proceso del deterioro político que vive nuestro país. Fernández es el típico outsider que militó en APP y de la que luego se distanció e, incluso, tomó posiciones destempladas como la de ir a botar basura a las puertas del local de dicho partido. Sus acciones discordantes atrajeron a una población hastiada del fracaso de los partidos políticos que acogen a varios personajes de talante delincuencial; para eso, basta ver a los congresistas en general, entre ellos, los de APP, en el cual se hallan varios “mochasueldos” y el cuestionado presidente del actual inefable Congreso. Parecieran todos cortados del mismo molde. Aquí radica el problema: los partidos políticos, esos que proponen a candidatos de todos los puestos políticos de nuestra nación: desde el regidor del poblado más pequeño de nuestro país hasta la Presidencia de la República. Marcelo, Ruiz, Fernández y los que vengan vienen de las canteras partidarias que acogen a candidatos cuestionables, como si era fuera parte del perfil de un candidato que puede tentar un puesto cualquiera en el servicio público. Esta es la pesadilla que tiene delante de sí la sociedad peruana. En un artículo de 2014, se informaba que, de los 1.841 alcaldes que teníamos a nivel nacional, 1.699 (¡92%!) estaban siendo investigados por diversos actos de corrupción vinculados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión, fuera de otros como violencia familiar, por ejemplo. Los responsables de haberlos colocados en el sillón municipal, no es la población, sino los cuestionados líderes que los aceptan por financiamiento (a veces oscuro, como el narcotráfico), vínculos familiares o amicales. Esta pesadilla deteriora la democracia, ya que no existen los adecuados candados y evitan el cumplimiento de la norma que impediría que estos personajes no participen en cualesquiera elecciones. Estamos atacando el problema por sus consecuencias, pero no por sus causas, esas que van destruyendo cada vez más a la sociedad peruana.
