DERECHO A MATAR (ARTÍCULO DE OPINIÓN DIARIO CORREO TRUJILLO 22 DE DICIEMBRE)

Dos jóvenes muertos en uno de los locales limeños de la empresa McDonald. Esta triste realidad ha desatado una polémica en la cual el grueso de nuestra sociedad está midiendo fuerzas. Fuerzas para que no seamos las siguientes víctimas.

Digo esto por las siguientes razones: casi en simultáneo con esta lamentable tragedia, escuchamos las desafortunadas declaraciones de la candidata por Lima al Congreso por el partido Avanza País, Beatriz Mejía. En sus explicaciones minimiza el caso de las mujeres violadas en nuestro país, pese a un incremento de las cifras de mujeres violentadas de toda edad con una mayoría del segmento de niñas y las adolescentes de 12 a 17 años. El año pasado, del número total de mujeres violadas, el 47 % corresponde a esta franja generacional. Cuando escuché su exposición en un programa de debate, me trajo a la memoria las declaraciones de Jorge Trelles en una entrevista televisiva en 2011 donde soltó la frase al aire: “nosotros matamos menos”. Recordé el tenebroso contenido del libro Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda. La candidata Mejía, de ser electa, promoverá una visión que debilita la integridad humana; así nos lo ha hecho saber. Esto en el mundo político.

También leo con consternación que Leonor Velásquez Gonzales, profesora que atropelló a 6 niños, irá a prisión preventiva por siete meses. Esto es correcto. Sin embargo, Melissa González Gagliuffi, quien atropelló a 3 jóvenes (muriendo 2 de ellos), pese a muchas evidencias y análisis de peritos, está libre. En el mundo legal, la justicia tiene sus recovecos que generan indignación y acentuada desconfianza de que esta proteja nuestra integridad. Así se puede entender, en la oscuridad de la praxis jurídica, que haya microbuses circulando por nuestras ciudades, pese a que cargan miles de soles en multas u otras infracciones. Casos hay varios. Por ejemplo, en Trujillo: un microbusero, Víctor Hugo Hilario, atropelló a tres personas en estado de ebriedad intentando darse a la fuga. Esperemos que la justicia ya haya dado cuenta de este personaje. O el caso tan sonado en Lima de los micros piratas llamados “bestia”, los que acumulan millonarias deudas y multas ascendentes a los 200 mil soles como mínimo. Muchos de los argumentos que se esgrimen para dar libertad a estos asesinos del volante son el del “derecho al trabajo”, el "ser generador de ingresos familiares" u otras argucias aceptadas por la mayoría de la población que termina por solidarizarse con su asesino. La imagen del pobrecito es la que cala en aquellos que a la larga se convertirán en sus víctimas. Al final de cuentas son microempresarios, los que activan el transporte público, el cual es manejado por manos privadas. Quiero ser cándido en esta reflexión final e imaginar que no son la corrupción ni el tráfico de influencias los que influyen las decisiones de jueces o magistrados en estos casos. Imposible.

A la larga, no es difícil matar en nuestra sociedad si se halla la cuerda correcta.

PITUFEO: NEGAR LO EVIDENTE (ARTÍCULO DE OPINIÓN DIARIO CORREO TRUJILLO 24 DE NOVIEMBRE)

Y la bomba estalló ante la sorpresa de millones de peruanos. Lo dicho a sotto voce salió a la luz; y de qué manera. Las declaraciones dadas por Dionisio Romero hijo el martes último ha abierto toda una gran veta de investigaciones en el mundo de la corrupción política peruana durante las campañas electorales de las últimas décadas y sus consecuencias que han devenido, qué duda cabe, en leyes que tenían nombre propio. La madeja Odebrecht nos está mostrando, paso a paso, todo un telar de oscuras influencias que se han estado mostrando a lo largo del turbio accionar de los gobiernos que ocuparon el sillón de Pizarro en los recientes años que se podrían ampliar a tres lustros. Todo cabe en lo posible.

En los últimos años, grupos empresariales han estado apostando, quizá bajo el paraguas de la megaempresa Odebrecht, a colocar los candidatos fichas que se adecuen a mantener un statu quo que los favorezca. En el juego de intereses y movidas de la fangosa política nuestra, las pullas eran lanzadas contra ciertos rivales fastidiosos construyendo temores y pánicos en torno a Ollanta Humala, por ejemplo, fomentados por la media como el que se montó en la prensa, radio, televisión y media virtual peruana. Las columnas de opinión y las entrevistas de ese entonces rayaban con lo apocalíptico. Las contiendas con AGP en la primera intentona y con Keiko en la segunda fueron interesantes. Mientras, la danza de los millones iba corriendo de manera subterránea. Millones que iban con etiqueta de pagos a futuro.

Muchas personas argumentan que la participación de aportantes empresariales es válida en tiempos electorales; pero muchos de estos fondos fueron sistemáticamente negados reiteradas veces tanto por los candidatos como por los donantes. La actitud negacionista de Keiko ha quedado invalidada por las declaraciones que diversos empresarios están haciendo. Se construyó toda una argumentación en base a la mentira y a la negación, puesto que este apoyo no era del todo desinteresado; este iba a significar réditos para los “donantes”. Estaban dando puntadas con hilo. Los octógonos es uno de esos hilos. Ahora cabe la sospecha de los gobiernos de AGP, quien también recibió un generoso aporte para luchar contra la marea chavista de Ollanta Humala; del mismo Humala, el cual ha sido más expuesto que los demás; y los aportes para PPK en su efímero gobierno.

Los seguidores y candidatos de Keiko deberán estar, supongo, cuestionando su lealtad a una persona que, parece ser, ha hecho una forma de vida de esta modalidad. Su situación puede explicar ciertos desbandes y sacrificios de su partido. Los retornos de alas duras para salvar el rostro de una persona venida a menos encajan en el rompecabezas que ya tiene sentido. Así se entiende lo que decía Martha Chávez en una entrevista: “con lo que estamos viendo, quién se va a arriesgar a aportar en las campañas electorales”.

Siembra vientos y cosecharás tempestades.

LOS FINOS TENTÁCULOS DE ODEBRECHT (ARTÍCULO PARCIALMENTE REPRODUCIDO EN DIARIO LA INDUSTRIA DE TRUJILLO 10 DICIEMBRE)

El principal acontecimiento de esta semana en nuestro país es, sin duda, la decisión del Poder Judicial, por orden del Juez Richard Concepción Carhuancho, de enviar a prisión preventiva por 18 meses a los empresarios José Graña, ex presidente de Graña y Montero; Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales; y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA, por el delito de colusión y lavado de activos, delito que también se le imputa a Hernando Graña Acuña,  ex director de Graña y Montero. Además, arresto domiciliario para Gonzalo Ferraro Rey, quien fuera gerente de Infraestructura de la misma empresa. Esta acción ha sorprendido a la sociedad peruana que ha visto a casi todas sus tiendas políticas golpeadas por el coletazo de la corrupción, hábito casi institucionalizado por esta empresa brasileña en todos, parece ser, los países donde esta gran multinacional se enraizó, tendiendo sus tentáculos en los mundos económico y político de las sociedades que la acogieron. La peruana no ha sido la excepción. En nuestro país tiene larga data, pues se remonta a la época de Morales Bermúdez, la segunda fase del gobierno militar y que operó en el proyecto de irrigación Chavimochic hasta nuestros días desde el primer gobierno de Alan García Pérez.

Los gobiernos de la década en la que se identifica las acciones corruptas (Toledo, AGP, Ollanta) están bajo sospecha. Pero es de temerse que estos hábitos han sido frecuentes en su largo accionar por nuestros países, regiones, ciudades hasta caseríos. Una de la forma más frecuente que aplicó esta empresa (se ha visto lo mismo en Brasil y Colombia) es la de participar a ganador, dirigiendo fuertes cantidades de dinero a candidatos presidenciales (¿solamente?) en las contiendas electorales de nuestros países. La evidencia estalló cuando se comenzaron a revisar las agendas de Marcelo Odebrecht; mientras las agendas de Nadine la condenaron, las de Marcelo condenan a otros u otras. Nada está dicho o cerrado.  La magullada justicia peruana, dirigida por acciones hechas en el exterior, es toda una rémora con los datos surgidos en dicha agenda. Dos peces gordos están pasando por agua tibia. La justicia peruana sigue a pie juntillas el asunto de Humala y su esposa, y ahora Susana Villarán. Pero, el nombre de la lideresa de FP está aún latente en la opinión pública. Parece que la justicia peruana tiene problemas semánticos con nombres o siglas; o demasiados intereses poderosos que la amedrentan.

Los líderes políticos están callados. El mundo empresarial también. Los sucesos de esta semana habrán puesto a todos en estado de alerta. Chavimochic es una megaobra que ha abierto un cúmulo de sospechas. Odebrecht, sus subsidiarias y sus socias han entrado por todos los campos. Están en todas partes: ciudades, caseríos, poblados. La pregunta que uno se hace es cuánto esta empresa y sus socias han corrompido más nuestra sociedad, la que viene bastante maltrecha desde el Fujimorato y el crecimiento del narcotráfico. Hay que ver qué hacen algunos congresistas que quieren cambiar las reglas de transparencia en los partidos, acciones que permitirían que tipos de empresas como Odebrecht (no es la única), como el narcotráfico accedan a más canales de poder en la sociedad peruana. Parafraseando a González Prada, aquí donde se pone el dedo, salta la pus hasta el techo.

PREVENCIÓN A LA PERUANA (ARTÍCULO PARCIALMENTE REPRODUCIDO EN DIARIO LA INDUSTRIA TRUJILLO DOMINGO 02 DE JULIO)

El incendio que estalló en instalaciones informales en Lima la semana pasada es el corolario de esa cultura que se vive el día a día entre la informalidad y la inseguridad. El incendio, además de haber desnudado una de las conocidas y frecuentes formas de esclavitud moderna en nuestro país, nos ha confirmado nuestra informalidad en cuanto a medidas de seguridad se refiere, a la que no escapa ningún estamento socioeconómico de la sociedad peruana. Es la cultura del vivazo o pendejo empresario que actúa sin ningún tipo de escrúpulos que atenta abiertamente contra cualquiera de nosotros; pero también en la actitud discutiblemente justificada de muchos ciudadanos que emplean herramientas de trabajo que son unas verdaderas armas mortales. Salvando distancias, la actitud de un dueño de microbús de casi treinta años, contaminante y deteriorado, se asemeja a la de un dueño de un local en el que hay muchos problemas técnicos de seguridad: les importa un bledo la vida de los demás, incluso la suya misma. Cada uno tiene sus justificaciones, las cuales servirán poco cuando tengan uno o más muertos entre sus manos.

La cultura de la prevención y seguridad es tan poco desarrollada en nuestro país por diversas razones: educativas, económicas, culturales. Por ejemplo, la gente gusta reventar pirotécnicos en fiestas religiosas; fuera de ser molesto a los oídos de todo ser viviente, es un gran riesgo y puede ser causales de incendios. Pero se justifica, por costumbre. Por otro lado, muchas de las acciones que diversas instituciones hacen como medida de prevención son cuestionadas o rechazadas sin comprender que se hacen las mismas con el fin de velar por su seguridad y sus vidas. Fui testigo del malestar manifestado por diversas personas al querer entrar a un lugar cuyo aforo no era más de 70 personas. Lejos de entender razones válidas, las personas cuestionaban la decisión de no permitir el ingreso a pesar de saber que se exponían a una situación de riesgo tanto para él como para los demás.

Pero, lo criminal en todo esto es la negativa de tomar medidas de seguridad por cuestión de “ahorro”. Para muchas empresas, la seguridad se sigue pensando como un  gasto y prefieren invertir en la coima a funcionarios inescrupulosos y corruptos, otros criminales en esta situación, antes que en sistemas para prevención de alto nivel. Y esto sí cruza todos los niveles sociales: las discotecas son una muestra y aún queda el recuerdo de Utopía, cuyos dueños prácticamente salieron indemnes de una sanción mayor. No está lejos el siniestro de los cines UVK en el exclusivo Larco Mar que mató a cuatro personas y ahora queda en el olvido colectivo. Quizá en un par de meses este grave incidente quede, como siempre, en el rincón de la amnesia colectiva que los peruanos sufrimos.

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