El principal acontecimiento de
esta semana en nuestro país es, sin duda, la decisión del Poder Judicial, por
orden del Juez Richard Concepción Carhuancho, de enviar a prisión preventiva por 18 meses a los
empresarios José Graña, ex presidente
de Graña y Montero; Fernando
Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales; y
José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA, por el delito
de colusión y lavado de activos, delito que también se le imputa a Hernando
Graña Acuña, ex director de Graña y Montero. Además, arresto domiciliario para Gonzalo Ferraro Rey, quien fuera
gerente de Infraestructura de la misma empresa. Esta acción ha sorprendido a la
sociedad peruana que ha visto a casi todas sus tiendas políticas golpeadas por
el coletazo de la corrupción, hábito casi institucionalizado por esta empresa
brasileña en todos, parece ser, los países donde esta gran multinacional se
enraizó, tendiendo sus tentáculos en los mundos económico y político de las
sociedades que la acogieron. La peruana no ha sido la excepción. En nuestro
país tiene larga data, pues se remonta a la época de Morales Bermúdez, la
segunda fase del gobierno militar y que operó en el proyecto de irrigación
Chavimochic hasta nuestros días desde el primer gobierno de Alan García Pérez.
Los
gobiernos de la década en la que se identifica las acciones corruptas (Toledo,
AGP, Ollanta) están bajo sospecha. Pero es de temerse que estos hábitos han
sido frecuentes en su largo accionar por nuestros países, regiones, ciudades
hasta caseríos. Una de la forma más frecuente que aplicó esta empresa (se ha
visto lo mismo en Brasil y Colombia) es la de participar a ganador, dirigiendo
fuertes cantidades de dinero a candidatos presidenciales (¿solamente?) en las
contiendas electorales de nuestros países. La evidencia estalló cuando se
comenzaron a revisar las agendas de Marcelo Odebrecht; mientras las agendas de
Nadine la condenaron, las de Marcelo condenan a otros u otras. Nada está dicho
o cerrado. La magullada justicia
peruana, dirigida por acciones hechas en el exterior, es toda una rémora con
los datos surgidos en dicha agenda. Dos peces gordos están pasando por agua
tibia. La
justicia peruana sigue a pie juntillas el asunto de Humala y su esposa, y ahora
Susana Villarán. Pero, el nombre de la lideresa de FP está aún latente en la
opinión pública. Parece que la justicia peruana tiene problemas semánticos con
nombres o siglas; o demasiados intereses poderosos que la amedrentan.
Los líderes políticos están
callados. El mundo empresarial también. Los sucesos de esta semana habrán
puesto a todos en estado de alerta. Chavimochic es una megaobra que ha abierto
un cúmulo de sospechas. Odebrecht, sus subsidiarias y sus socias han entrado
por todos los campos. Están en todas partes: ciudades, caseríos, poblados. La
pregunta que uno se hace es cuánto esta empresa y sus socias han corrompido más
nuestra sociedad, la que viene bastante maltrecha desde el Fujimorato y el
crecimiento del narcotráfico. Hay que ver qué hacen algunos congresistas que
quieren cambiar las reglas de transparencia en los partidos, acciones que
permitirían que tipos de empresas como Odebrecht (no es la única), como el
narcotráfico accedan a más canales de poder en la sociedad peruana.
Parafraseando a González Prada, aquí donde se pone el dedo, salta la pus hasta
el techo.
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