Dos jóvenes muertos en uno de
los locales limeños de la empresa McDonald. Esta triste realidad ha desatado
una polémica en la cual el grueso de nuestra sociedad está midiendo fuerzas.
Fuerzas para que no seamos las siguientes víctimas.
Digo esto por las siguientes
razones: casi en simultáneo con esta lamentable tragedia, escuchamos las desafortunadas
declaraciones de la candidata por Lima al Congreso por el partido Avanza País, Beatriz
Mejía. En sus explicaciones minimiza el caso de las mujeres violadas en nuestro
país, pese a un incremento de las cifras de mujeres violentadas de toda edad
con una mayoría del segmento de niñas y las adolescentes de 12 a 17 años. El
año pasado, del número total de mujeres violadas, el 47 % corresponde a esta
franja generacional. Cuando escuché su exposición en un programa de debate, me
trajo a la memoria las declaraciones de Jorge Trelles en una entrevista
televisiva en 2011 donde soltó la frase al aire: “nosotros matamos menos”. Recordé
el tenebroso contenido del libro Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda. La candidata
Mejía, de ser electa, promoverá una visión que debilita la integridad humana;
así nos lo ha hecho saber. Esto en el mundo político.
También leo con consternación
que Leonor Velásquez Gonzales, profesora que atropelló a 6 niños, irá a prisión
preventiva por siete meses. Esto es correcto. Sin embargo, Melissa González Gagliuffi, quien
atropelló a 3 jóvenes (muriendo 2 de ellos), pese a muchas evidencias y
análisis de peritos, está libre. En el mundo legal, la justicia tiene sus
recovecos que generan indignación y acentuada desconfianza de que esta proteja nuestra
integridad. Así se puede entender, en la oscuridad de la praxis jurídica, que
haya microbuses circulando por nuestras ciudades, pese a que cargan miles de
soles en multas u otras infracciones. Casos hay varios. Por ejemplo, en
Trujillo: un microbusero, Víctor Hugo Hilario, atropelló a tres personas en
estado de ebriedad intentando darse a la fuga. Esperemos que la justicia ya
haya dado cuenta de este personaje. O el caso tan sonado en Lima de los micros piratas
llamados “bestia”, los que acumulan millonarias deudas y multas ascendentes a
los 200 mil soles como mínimo. Muchos de los argumentos que se esgrimen para
dar libertad a estos asesinos del volante son el del “derecho al trabajo”, el "ser
generador de ingresos familiares" u otras argucias aceptadas por la mayoría de
la población que termina por solidarizarse con su asesino. La imagen del
pobrecito es la que cala en aquellos que a la larga se convertirán en sus
víctimas. Al final de cuentas son microempresarios, los que activan el
transporte público, el cual es manejado por manos privadas. Quiero ser cándido
en esta reflexión final e imaginar que no son la corrupción ni el tráfico de
influencias los que influyen las decisiones de jueces o magistrados en estos
casos. Imposible.
A la larga, no es difícil
matar en nuestra sociedad si se halla la cuerda correcta.
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