¡Vaya semana que hemos vivido! Una que ha sintetizado los últimos años del poder congresal que nos gobierna. Desde el domingo pasado tenemos una serie de sucesos interesantes: las marchas reprimidas de la Generación Z y transportistas; asesinatos de choferes; dos soles y una apabullante respuesta policial; Juliaca y Butters; ráfagas de una ametralladora uzi en un concierto; vacancia de Boluarte por parte de sus exsocios y escuderos del Congreso; un nuevo presidente conocido por un caso de violación y enriquecimiento ilícito. Todo en seis días. El mundo político legislativo en pleno ha sido remecido y, pensando en sus expectativas electorales, quizás sea ya muy tarde para muchos candidatos y sus partidos políticos en 2026. Boluarte se había vuelto un verdadero escollo, un lastre del cual tenían que desprenderse tras varios años de cuidarle las espaldas ante cualquier acto de corrupción o de censura hasta llegar al archivamiento de sus diversas denuncias por parte de la Fiscalía. Pero la olla de presión social se ha abierto y puede agravarse por las torpezas cometidas por todo aparato político y sus brazos de control. Culpar a los transportistas por sus protestas, mientras los asesinaban o el surrealista incidente de la mujer policía por negarse a pagar dos soles de un pasaje han colmado la paciencia de los limeños. En el Sur no se aguantan pulgas como en otras regiones del país: lo de Butters ha sido un verdadero campanazo para lo que se vienen en las campañas electorales próximas; por eso, el incidente en el concierto de Agua Marina en Lima ha sido, a todas luces, la excusa para que todos los aliados de Dina hayan visto hacia otro lado: había que dejarla caer para salvar el pellejo ante la opinión pública. Y en una democracia tan débil y anómala como la nuestra se ha permitido que un cuestionado personaje como José Jerí sea el presidente de más de 35 millones de peruanos por el periodo 2025-2026. Este político, quien obtuvo sólo 11,654 votos en 2021, llegó al congreso por la inhabilitación de Martín Vizcarra y trae una serie de denuncias en su haber que seguro causarán mucho ruido político. Todo apunta a un cálculo electoral eligiéndolo como una suerte de fusible distractor de la opinión pública para que el Congreso de 2% de aprobación pueda sobrevivir al vaivén durante una campaña que promete ser muy intensa y quizás violenta. Lo de Juliaca puso los pelos de punta a candidatos poco populares y que, por la clara dispersión de votos que tendremos, pelearán hasta con los dientes para ganarse una curul a como dé lugar. Sin embargo, las calles están agitadas: no hay una clara respuesta al crimen organizado, fortalecido por las cuestionables leyes dadas por este legislativo. Si quieren tener una pizca de percepción positiva por parte del electorado, podrían comenzar derogando tantas leyes pro delincuencia dadas por ellos. ¿Lo harán o nos seguirán acogotando?
