PATRIMONIO PERSONAL EN RIESGO (ARTÍCULO DE OPINIÓN DIARIO CORREO TRUJILLO 16 DE AGOSTO)

 

El domingo pasado escribí en mi columna sobre mi preocupación en cuanto a los avances de prevención y protección contra el Niño que se avecina. Algunos amigos me comentaron que era pesimista y alarmista por el contenido de mi texto. Sin embargo, el lunes nos levantamos con una terrible noticia de un violento y mortal terremoto en Colombia, vecino país. Hubo otros más en la semana. De pronto, todos nos pusimos alertas y las redes y medios de comunicación masivos abordaron este tema de manera urgente e importante. Nuestro miedo activó el sentido de prevención que yace dormido en cada uno de nosotros por diversas circunstancias. Lo del Niño parece ser un evento altamente probable y, salvo alguna modificación que surja coyunturalmente con el fenómeno, el impacto será dañino para nuestra sociedad. Muchas personas están haciendo las previsiones necesarias para defender su patrimonio personal o empresarial, acciones que son bienvenidas para evitar algún daño de consideración con nuestras propiedades. Sin embargo, un terremoto, como los de Venezuela y Colombia, ha generado preguntas y una justa preocupación de lo que pueda suceder con nuestros bienes individuales, familiares o colectivos que hemos ido logrando por los años. Muchas personas han criticado la informalidad que se puso en evidencia en ambos sismos catastróficos, pero se ha visto muchas viviendas y edificaciones de material noble en zonas urbanas que, podemos inferir, han sido muy estrictos (sigo infiriendo) en las normas constructivas por lo que un terremoto pudiera no haber causado daños tan severos, teóricamente. Esta realidad la traslado a Trujillo, ciudad en la que miles de personas se han afincado y construido sus viviendas como una inversión a largo plazo. Muchos han comprado seguros de vivienda (imagino que ahora se irán por las nubes) para proteger sus propiedades, pero la mayoría no cuenta con esos recursos, realidad que abarca un espectro socioeconómico bastante amplio. ¿En caso de pérdida de patrimonio, muchos ciudadanos se quedarían literalmente en la calle? En el Niño Costero se lograron reubicar a 300 familias afectadas, primero en un espacio agreste y en viviendas provisionales incómodas; luego se los reubicó en una zona llamada Cuatro Suyos. ¿Esta política se aplicaría para las personas que hayan perdido su vivienda por un sismo? ¿Cómo se manejaría este asunto desde el punto de vista económico en beneficio de los afectados? Sería bueno que las entidades responsables en nuestra región brinden mayor información al respecto, como lo deberían estar haciendo con los vecinos de las zonas que se verán afectadas con lo del Niño. Voy a repetir algunas de las preguntas con las que cerré mi artículo de la semana pasada: ¿Qué acciones se están tomando por encima de cualquier partido político electo? ¿Qué canales de comunicación activa y presencial hay para la población de los lugares críticos, sumando ahora zonas de riesgo sísmico?

LA NATURALEZA, IMPLACABLE INSPECTORA (ARTÍCULO DE OPINIÓN DIARIO CORREO TRUJILLO 28 DE JUNIO)

 

Los terremotos de Venezuela han sido un golpe demoledor para ese país y han generado un justificado temor entre todas las sociedades que habitan en lugares sísmicos, como la nuestra. Los dos sismos que han golpeado Caracas y sus zonas aledañas han causado estragos en las edificaciones y, cuando escribo este artículo, la cantidad de decesos se incrementa.  Basta ver las desgarradoras imágenes para comprender el mortal efecto que está teniendo en la castigada sociedad venezolana. El derrumbe de construcciones relativamente nuevas ha llamado poderosamente la atención en lugares, como el nuestro, que han tenido un marcado boom inmobiliario. Las voces críticas hablan de la galopante corrupción que hay en Venezuela en todos los estamentos, incluido el sector de la construcción. Pero estas modalidades de corrupción no son exclusividad venezolana; es un modus operandi en muchos países de nuestra Región, incluido el nuestro. Tenemos graves problemas con tráfico de tierras, convirtiendo en zonas urbanas terrenos no aptos para la construcción; autoridades que otorgan títulos de propiedad; saneamiento y habilitación de dichos terrenos para la lotización, edificación e instalación de servicios básicos (agua, desagüe, luz y, ahora, gas). Es por muchos sabido y por todos callado que estos terrenos inaptos se convertirán en un gran problema social en cualquier posible catástrofe: inundaciones, huaicos, terremotos. La pérdida de vidas, la presencia de heridos graves, la ruina de viviendas u otras instalaciones, la destrucción de esos servicios básicos; todo va a tener un alto coste social y económico para la sociedad. Desde la discapacidad personal hasta la restauración de servicios, todo tiene un elevado costo que podría haberse evitado si se hubiese actuado correctamente y no movidos por el afán de lucro y proselitismo electoral. Ambos van juntos, cuando sectores privados inescrupulosos y autoridades corruptas se coluden para lograr sus oscuros objetivos. Trujillo tiene ahora una gran cantidad de construcciones que superan los 6 pisos. Ninguna construcción alta (salvo el Edificio Servat) ha pasado una prueba de fuego como el sismo del 31 de mayo de 1970. El terremoto de Taiwán en 1999 desnudó una terrible corrupción al evidenciar malas prácticas de ingenieros y autoridades, la falsificación de materiales (¡pusieron miles de chapas de gaseosas comprimidas como base en algunos edificios colapsados!) y el incumplimiento de códigos de edificación (que sospecho pasa aquí también). Urge, pues, que los Colegios profesionales (arquitectos e ingenieros civiles) se pronuncien con transparencia para ver la realidad trujillana, plagada de construcciones informales e inconclusas. Entonces cabe preguntarnos si estará nuestra ciudad apta para salir airosa de un fuerte sismo. Miles vivimos en edificios ahora. Esta es una preocupación que tenemos todos, pues están en riesgo nuestras vidas y patrimonios.