El domingo pasado escribí en mi columna sobre mi
preocupación en cuanto a los avances de prevención y protección contra el Niño
que se avecina. Algunos amigos me comentaron que era pesimista y alarmista por
el contenido de mi texto. Sin embargo, el lunes nos levantamos con una terrible
noticia de un violento y mortal terremoto en Colombia, vecino país. Hubo otros
más en la semana. De pronto, todos nos pusimos alertas y las redes y medios de
comunicación masivos abordaron este tema de manera urgente e importante.
Nuestro miedo activó el sentido de prevención que yace dormido en cada uno de
nosotros por diversas circunstancias. Lo del Niño parece ser un evento
altamente probable y, salvo alguna modificación que surja coyunturalmente con
el fenómeno, el impacto será dañino para nuestra sociedad. Muchas personas
están haciendo las previsiones necesarias para defender su patrimonio personal
o empresarial, acciones que son bienvenidas para evitar algún daño de
consideración con nuestras propiedades. Sin embargo, un terremoto, como los de Venezuela
y Colombia, ha generado preguntas y una justa preocupación de lo que pueda
suceder con nuestros bienes individuales, familiares o colectivos que hemos ido
logrando por los años. Muchas personas han criticado la informalidad que se
puso en evidencia en ambos sismos catastróficos, pero se ha visto muchas
viviendas y edificaciones de material noble en zonas urbanas que, podemos
inferir, han sido muy estrictos (sigo infiriendo) en las normas constructivas
por lo que un terremoto pudiera no haber causado daños tan severos,
teóricamente. Esta realidad la traslado a Trujillo, ciudad en la que miles de
personas se han afincado y construido sus viviendas como una inversión a largo
plazo. Muchos han comprado seguros de vivienda (imagino que ahora se irán por
las nubes) para proteger sus propiedades, pero la mayoría no cuenta con esos
recursos, realidad que abarca un espectro socioeconómico bastante amplio. ¿En
caso de pérdida de patrimonio, muchos ciudadanos se quedarían literalmente en
la calle? En el Niño Costero se lograron reubicar a 300 familias afectadas,
primero en un espacio agreste y en viviendas provisionales incómodas; luego se
los reubicó en una zona llamada Cuatro Suyos. ¿Esta política se aplicaría para
las personas que hayan perdido su vivienda por un sismo? ¿Cómo se manejaría
este asunto desde el punto de vista económico en beneficio de los afectados?
Sería bueno que las entidades responsables en nuestra región brinden mayor información
al respecto, como lo deberían estar haciendo con los vecinos de las zonas que
se verán afectadas con lo del Niño. Voy a repetir algunas de las preguntas con
las que cerré mi artículo de la semana pasada: ¿Qué acciones se están tomando por
encima de cualquier partido político electo? ¿Qué canales de comunicación
activa y presencial hay para la población de los lugares críticos, sumando
ahora zonas de riesgo sísmico?
