Los terremotos de Venezuela han sido un golpe demoledor para ese país y han generado un justificado temor entre todas las sociedades que habitan en lugares sísmicos, como la nuestra. Los dos sismos que han golpeado Caracas y sus zonas aledañas han causado estragos en las edificaciones y, cuando escribo este artículo, la cantidad de decesos se incrementa. Basta ver las desgarradoras imágenes para comprender el mortal efecto que está teniendo en la castigada sociedad venezolana. El derrumbe de construcciones relativamente nuevas ha llamado poderosamente la atención en lugares, como el nuestro, que han tenido un marcado boom inmobiliario. Las voces críticas hablan de la galopante corrupción que hay en Venezuela en todos los estamentos, incluido el sector de la construcción. Pero estas modalidades de corrupción no son exclusividad venezolana; es un modus operandi en muchos países de nuestra Región, incluido el nuestro. Tenemos graves problemas con tráfico de tierras, convirtiendo en zonas urbanas terrenos no aptos para la construcción; autoridades que otorgan títulos de propiedad; saneamiento y habilitación de dichos terrenos para la lotización, edificación e instalación de servicios básicos (agua, desagüe, luz y, ahora, gas). Es por muchos sabido y por todos callado que estos terrenos inaptos se convertirán en un gran problema social en cualquier posible catástrofe: inundaciones, huaicos, terremotos. La pérdida de vidas, la presencia de heridos graves, la ruina de viviendas u otras instalaciones, la destrucción de esos servicios básicos; todo va a tener un alto coste social y económico para la sociedad. Desde la discapacidad personal hasta la restauración de servicios, todo tiene un elevado costo que podría haberse evitado si se hubiese actuado correctamente y no movidos por el afán de lucro y proselitismo electoral. Ambos van juntos, cuando sectores privados inescrupulosos y autoridades corruptas se coluden para lograr sus oscuros objetivos. Trujillo tiene ahora una gran cantidad de construcciones que superan los 6 pisos. Ninguna construcción alta (salvo el Edificio Servat) ha pasado una prueba de fuego como el sismo del 31 de mayo de 1970. El terremoto de Taiwán en 1999 desnudó una terrible corrupción al evidenciar malas prácticas de ingenieros y autoridades, la falsificación de materiales (¡pusieron miles de chapas de gaseosas comprimidas como base en algunos edificios colapsados!) y el incumplimiento de códigos de edificación (que sospecho pasa aquí también). Urge, pues, que los Colegios profesionales (arquitectos e ingenieros civiles) se pronuncien con transparencia para ver la realidad trujillana, plagada de construcciones informales e inconclusas. Entonces cabe preguntarnos si estará nuestra ciudad apta para salir airosa de un fuerte sismo. Miles vivimos en edificios ahora. Esta es una preocupación que tenemos todos, pues están en riesgo nuestras vidas y patrimonios.
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