La semana que acaba estuvo plagada de hechos lamentables en el marco de
una serie de inacciones políticas que han generado rechazo y protestas en el
tejido social.
Todo empezó con la cuestionada efectividad del censo nacional, cuyo
principal objetivo era recoger una base de datos más actualizada de un país que
está experimentando fuertes cambios sociales. Esta serviría para planificar,
pues se contaría con una información actualizada que intente dar una mejor radiografía
de la sociedad peruana. Un censo es un proceso complejo y extenso, pero que
permite a una institución (en este caso, el Estado peruano) tener un panorama
más claro del tejido socioeconómico y cultural del país. Un censo, de ser bien
estructurado y planificado en su extensión, levanta información valiosa para el
que lo organiza. En su planificación la batería de preguntas es crucial, ya que
se obtienen datos precisos para los sectores que conforman, en este caso, el
sistema estatal. El de este domingo 22 presentó problemas previos; peor aún en
su desarrollo, al evidenciarse las fallas del proceso (la planificación fue, en
algunas zonas, desastrosa) y la presencia de una universidad cuyo líder se ve
envuelto en frecuentes escándalos de corrupción y tienta el sillón
presidencial. La tormenta mediática causó, dos días después, la renuncia de
Aníbal Sánchez, jefe interino del INEI.
Fuera de las irregularidades, hubo un incidente que está mostrando esa
cara de nuestra sociedad que oculta sus vergüenzas: la presunta violación de
una censista en Villa El Salvador. El potencial acusado está en prisión
preventiva. Sin embargo, la reacción de diversos sectores ha sido interesante y
cuestionable. Cierto es que hasta no se compruebe el hecho, no existe culpable;
pero nuestra tendencia es hallar más evidencias de culpabilidad en la víctima
que en el autor del hecho. Basta recordar los inauditos argumentos de algunos
congresistas que votaron en contra (16) o se abstuvieron (8) para ajustar más la
ley para combatir la violencia familiar y de género. O la posición expuesta por
el periodista Christian Bayro, merecedor de críticas de sus mismos colegas. O
las desencajadas declaraciones de Maritza García, quien renunció a la
Presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso. Las razones esgrimidas en
esa lamentable sesión del 04 de octubre que presentan a la mujer con visos
inherentes de culpabilidad sintetizan la lógica de mucha gente en nuestro país.
Quizá bajo esta sugerente perspectiva podamos atenuar el triste ranking de
violadores que sitúa al Perú en un puesto privilegiado.
Cerrando la semana, la renuncia de Pablo de la Flor a la entidad
responsable de la reconstrucción. Cabe
recordar que hasta la fecha no se dan evidencias del millonario gasto preventivo del
supuesto Niño del 2016 otorgado por el gobierno de Ollanta Humala a los actuales gobiernos regionales, ni se ha saneado legalmente la situación de zonas de
riesgo (siguen ocupando las zonas declaradas de alto riesgo); quieren reconstruir sin propuestas coherentes y coercitivas. Después tendremos
los consabidos lamentos de siempre y los bolsillos llenos de algunos.
