En las elecciones presidenciales de 2016, se hizo una serie
de denuncias al partido naranja, de manera específica contra Joaquín Ramírez, excongresista
de la República por Cajamarca y amasador de una gran fortuna meteóricamente
acumulada, el cual refrescó la memoria de todos los peruanos de los diversos sucesos
en los que diversas formas reñidas de la ley han intervenido de manera directa
en la política peruana corrompiéndola. La investigación en su contra se abrió
el octubre del 2015 por la Fiscalía de Lavados de Activos al solicitar, como
primer paso, levantar su inmunidad parlamentaria de entonces. La DEA lo ha
incluido entre las personas sospechosas en lavado de dinero. Las
investigaciones han ido desmadejando no solo el accionar de este personaje,
sino el de muchos miembros de su familia que militan en el partido Fuerza
Popular. Dichas investigaciones han involucrado al tío Fidel Ramírez, rector de
la Universidad Alas Peruanas, y al hermano de Joaquín, Osías Ramírez, actual
congresista por Cajamarca.
Los negocios turbios vinculados al narcotráfico no son
recientes: debemos remontarnos al sonado
caso de Guillermo Cárdenas Dávila, “Mosca Loca”, quien se ofreció pagar toda la
deuda externa del Perú de entonces, gobernado por Belaunde en su segundo
periodo; y el caso de Carlos Langberg, quien financió la campaña de Villanueva
del Campo por el APRA, frente a Belaunde por su segundo gobierno. Ya el
narcotráfico, poderosa herramienta de corrupción, se había instalado en el Perú
y comenzaba a extender sus turbias redes. Ambos gobiernos de AGP también
estuvieron regados de escándalos como el caso de Reynaldo Rodríguez López, “El
Padrino”; y los famosos narcoindultos o los extraños vínculos con Gerald
Oropeza y familia. Pero fue la década fujimorista en la que Fujimori y el
siniestro socio Vladimiro Montesinos ampliaron las redes del narcotráfico de
manera escandalosa y, además, realizaron una descarada corrupción de prebendas
y dinero en todos los estratos y actividades de la sociedad peruana. Los
estudios de Alfonso Quiroz, destacado historiador fallecido prontamente; Carlos
Iván Degregori, antropólogo también fallecido; así como el de las periodistas
británicas Sally Bowen y Jane Holligan; todos, con sus respectivas
investigaciones, develaron una red corrupción insospechada que se convierte en
la pesada herencia que carga nuestra debilitada sociedad política. La historia
identifica al gobierno de Alberto Fujimori como un narco estado. Esta marca
sigue cundiendo en varios de los actuales y antiguos congresistas del actual
partido naranja, vinculados a lavado de dinero producto del ilícito negocio. La
lista no es pequeña: los negocios del cuñado de Karina Beteta la vinculan con
este negocio; Joaquín Ramírez y su hermano; Modesto Figueroa; el mismo Kenji
Fujimori. En su momento hubo otros de otras bancadas como María Magdalena
López, Carlos Bruce y Virgilio Acuña. Lo último es el secretario de ética
(papel aguanta todo) y disciplina de FP: Edwin Vergara. ¿Ya podemos decir que
estamos en un narcoestado?
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