Las secuelas de Odebrecht
siguen barriendo con el panorama político de nuestro país y de muchos vecinos; esta
semana nos ha dado la sorpresa anunciada que el ex presidente Alejandro Toledo
tiene orden de captura y, como en el lejano Oeste norteamericano, su cabeza
tiene precio. Ya se encuentra huyendo hacia Israel y es posible que se le niegue la entrada. La degradación de todo el aparato político peruano llega hasta el
hecho de que nuestros pasados y actuales líderes puedan ser considerados
delincuentes de cata mayor en este terremoto que aún se está quedando en el
dominio de lo político, ya que luego, como debe corresponder en oportunidades
como estas, debería pasar al campo económico (empresarial), comunicacional
(periodistas y medios) y todos los otros que hayan sido tocados por los
tentáculos de la corrupción.
Dos hechos son trascendentes
en la historia de la corrupción política en nuestro país en estas dos décadas
recientes: los famosos Vladivideos que desenmascararon a cientos de
personalidades políticas, financieras, empresariales, mediáticas, artísticas e,
incluso, deportivas. El alud fue incontenible y tumbaron el debilitado
fujimorato que concluyó con la huida y la renuncia de Alberto Fujimori desde
Japón. Muchos videos quedan aún por conocerse y duermen el sueño de los justos.
Y ahora tenemos en nuestras manos Odebrecht; los destapes recientes solo están
mostrando la punta del iceberg de una larga presencia en nuestro país desde el
gobierno de Morales Bermúdez en adelante.
Toda la clase política, tanto
personas como partidos, parece estar involucrada de una manera u otra. Es una
excelente oportunidad para que nuestra sociedad se despercuda de estas lacras
que no solo afectan la moral y ética de nuestra sociedad, sino todo el coste
económico para un país carente de sistemas de salud, educación, seguridad y de
transporte dignos para todos los peruanos. Una lástima que las prescripciones
hayan sido la herramienta que más de un delincuente de corbata ha empleado para
salir amparado de la justicia. Contamos con un aparato judicial y un poder
congresal totalmente sesgados, que pueden impedir que la búsqueda de corruptos
no se limite a los personajes que, en cierta manera, son débiles por carecer de
representatividad gubernamental en la actualidad. Pero el escándalo es
mayúsculo.
El panorama se
presenta sombrío y entramos en un proceso de orfandad; pero es el momento de la
sociedad civil que se comience a manifestar con fuerza. Los líderes, salvo
pocos, tienen escasa legitimidad para opinar; el APRA, partido antiguo, está
pasando por un fuerte crisis interna provocada, por qué no, por los destapes de
las últimas décadas y que van a ahondarse. Queda pues recomponer los partidos
políticos en los que haya una verdadera democracia y transparencia; creación de
faros ciudadanos con participación activa de instituciones cívicas y colectivos
creados en las últimas décadas; y participación indirecta de universidades y colegios profesionales,
fuente (creo) de la inteligentsia de nuestro país. Oportunidad histórica.