Las recientes abruptas reacciones y medidas eran de esperarse del mundo político peruano con Boluarte a la cabeza. Desesperados por los últimos acontecimientos en diversas regiones de nuestro país, el gobierno ha tomado algunas medidas contraproducentes para su propia imagen contradiciendo acciones previas promovidas desde diversos organismos del Estado, tanto del Ejecutivo como el Legislativo. La escasa comprensión estatal ante las reacciones de la población acosada por la violencia cotidiana se ha visto manifiesta por los comentarios, tanto de diversos congresistas en su justificación para no derogar leyes impopulares en favor del crimen organizado, así como los calificativos proferidos contra los manifestantes por sus legítimas protestas contra la inseguridad. Podemos identificar tres errores que debilita en conjunto la capacidad estatal en esta materia. El primero es haber tildado a cualquier ciudadano con el término de traidor a la patria a todo aquel que protesta, atribución por lo demás descabellada. Una forma burda de amedrentamiento y un desconocimiento del uso correcto de este término. Incluso se habló de encontrarse en un ambiente bélico, definición muy riesgosa, pues implicaría que el que traiciona a la patria en ese contexto merece pena de muerte, según el art. 140 de la Constitución peruana. El último caso fue el fusilamiento del suboficial de la FAP Julio Vargas Garagay, quien vendió información militar sensible a un país vecino en tiempos álgidos: 1979. Parece ser que este gobierno tuvo una reacción no muy bien planteada para hacer semejante anuncio a una población bastante enervada por la incompetencia gubernamental. ¿O bajo este nuevo manto semántico justificará el uso de armas de fuego contra las personas protestantes durante las actividades de la APEC? Por lo pronto, la voceada participación de Xi Jinping en la inauguración del mega puerto de Chancay no será posible por “razones de seguridad” para evitarse contratiempos. El segundo viene por parte del gobernador liberteño, quien ha solicitado la intervención de las FF.AA. para restablecer el orden y seguridad en nuestra convulsa región. La PNP queda, pues, como una institución incapaz de enfrentar el crimen organizado de todas las formas ilegales que operan en nuestras ciudades, pese a los numerosos estados de emergencia. Y, como corolario, para deslegitimar la capacidad de esas FF.AA. frente a la inseguridad, Boluarte solicitó al Congreso que un grupo de soldados norteamericanos operen en nuestro país durante la APEC para proteger a su mandatario. En resumen, las fuerzas del orden aparecen como instituciones incapaces de cumplir sus funciones para las que han sido creadas. Si se vieran el ombligo todos los de la casta política, muchas de las respuestas a todo lo que se vive están en sus manos. Pero, conociendo la naturaleza que los identifica, no van a hacer mucho al respecto. Como reza el dicho popular: “la cabra tira al monte”.
