La jalada de cabellos contra Dina Boluarte en Ayacucho ha abierto, sin querer, una caja de Pandora exhibiendo un muestrario de contradicciones en uno de los rubros más sensibles de la sociedad peruana: la seguridad. El hecho muestra varias aristas en las que todos los poderes del Estado salen perdiendo: legislativo, ejecutivo y judicial; y esa pérdida es aprovechada no sólo por el crimen organizado (narcotráfico, tala y minería ilegal, trata de personas, tráfico de terrenos), sino por la delincuencia común que actúa ya con todo desparpajo en muchas ciudades de nuestro país. La reacción del gobierno tras el incidente ayacuchano ha sido una suma de desatinos en las que, incluso, han tenido que reconocer la inutilidad de los planes de gobierno en materia de seguridad propuesto por la cabeza de la Policía Nacional durante el cuestionado pase al retiro del general Jorge Angulo (toda una verdadera destitución) y la respuesta de este a la decisión, un verdadero desacato a su posición contra la disposición del Gobierno. Boluarte, en su afán de ganar puntos para su alicaída popularidad, comete desatinos tan burdos como esta visita a Ayacucho. La infantil e insultante acción de lanzar caramelos a la población, muestra de desprecio a esa comunidad, que arrastra una profunda herida social es una muestra de la incompetencia del equipo de imagen de esta persona. Pero el vejamen contra la autoridad hizo reventar el “chupo” de la inseguridad. Cierto es que es condenable la acción acometida contra la autoridad, pero los desaciertos de su accionar incitaron la cólera de una población que aún espera respuestas por parte de los organismos del Estado involucrados en la muerte de varios ciudadanos en diciembre de 2022. El “boquete” abierto de las campañas de seguridad, anunciadas con bombos y platillos por Otárola, ha dejado a la ciudadanía en una suerte de limbo: se nos informó que estas diversas campañas intensivas iban a restaurar esa seguridad perdida en tantos espacios sociales y geográficos de nuestro país. Pero el último caso, la suerte de contención en la frontera peruano-ecuatoriana, mostró una verdadera filtración en la que el Ecuador ha identificado un tráfico de armas que involucra a las fuerzas de seguridad peruanas. El Estado peruano es una coladera complaciente gracias en cierta manera a los personajes de todos los poderes vinculados (congresistas, fiscales, ministros) con el narcotráfico, la minería ilegal, los lavados de activos, un largo etcétera de la que somos testigos los ciudadanos de a pie. Los ciudadanos, ante la inutilidad de los poderes nacionales y locales en diversas materias, se organizan como pueden, a veces incluso trasgrediendo las leyes ciudadanas (como las tranqueras y la libre circulación), para poder hacer frente a ese crimen que, coludido con tantos corruptos en el poder, parece va ganando la guerra contra nosotros. Es la soledad de la sociedad peruana. ¿Caeremos en Fuenteovejuna?
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