Turbulentas fiestas patrias para los trujillanos. La pandemia se está ensañando con nuestra Región que ha visto reactivar varios sectores económicos a la par de la expansión del COVID-19. El respeto de los protocolos no está muy internalizado en la gente y muchos ciudadanos prefieren lanzarse a las calles a buscar trabajo o generar ingresos descuidando todas las medidas de seguridad sanitaria. A uno le basta salir a la calle darse una vuelta por los mercados o las interminables colas de bancos para darse cuenta de que esto no funciona, fuera del comercio ambulatorio que crece desmesuradamente ante la débil autoridad ejercida. Además, la gestión sanitaria presenta falencias que nos hacen temer que la realidad termine por agravarse a niveles insospechados. Las acciones hechas por el Gobierno central de actuar sobre Arequipa han generado clamor en otras regiones como Huánuco, Puno y, también, La Libertad.
En medio de este contexto, el jueves circulaba por redes sociales la credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones a Jorge Ruiz Vega, exalcalde de Huanchaco y hasta el último miércoles teniente alcalde de Trujillo, tras confirmarse la suspensión de Daniel Marcelo a la alcaldía por el mismo JNE. Aunque esta licencia es, teóricamente, temporal hasta que se resuelva el estado legal de Daniel Marcelo, la ciudadanía se halla desconcertada en estos momentos en los cuales, pese a todo, había una dirigencia que ya se encontraba empapada en protocolos para la emergencia que estamos viviendo. La remoción de algunos gerentes y asesores, comenzando por la gerente general, en la MPT causa una razonable preocupación en la ciudadanía. Aunque se estila este tipo de procedimientos, en momentos como estos, el aprendizaje durante una pandemia genera justificados temores, pese a que hay una suerte de carrusel de funcionarios que retornan a otras plazas. Pero, lo más lamentable de toda esta desconcertante situación es que nuestro nuevo alcalde no viene libre de un pasado muy tortuoso: sobre él pesa una resolución fiscal de apertura de investigación preliminar por delitos como falsedad, concusión, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, peculado, etc. Se lo vinculó a tráfico de tierras y, en 2018, fue denunciado penalmente por el presunto delito de falsedad genérica por el ciudadano Augusto Goicochea Larco por querer apropiarse de una casona en Huanchaco, cuando Ruiz Vega era el alcalde distrital de ese conocido balneario. Muchos habitantes huanchaqueros lo tienen en una ingrata recordación por algunas obras que resultaron un fiasco y generaron dudas de peculado. Para coronar la cereza de este pastel, en los primeros días de confinamiento riguroso Ruiz fue intervenido en su hogar por haber realizado una reunión con varias personas. En fin, un sombrío historial de nuestra futura autoridad edil.
APP está cavando su tumba política. Esperemos que la ciudadanía no siga jugando a ser cómplice de sus actores.
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