“Detrás de cada gran fortuna, hay un delito”. Esta frase fue
acuñada por el escritor francés Honoré de Balzac que aparece recurrentemente en
su libro La comedia humana; una frase que describe la Francia posrevolucionaria
en la que hombres y mujeres inescrupulosos sacaban provecho y amasaban grandes
fortunas de manera ilícita y, como leía un comentario, “haciendo harina a los
demás”.
Por estos días, la nueva denuncia contra Joaquín Ramírez,
congresista de la República por Cajamarca y amasador de una gran fortuna
meteóricamente acumulada, ha refrescado la memoria de todos los peruanos sobre los
diversos sucesos en los que diversas formas reñidas de la ley han intervenido
de manera directa en la política peruana corrompiéndola. La investigación en su
contra se abrió el octubre del año pasado por la Fiscalía de Lavados de Activos
al solicitar, como primer paso, levantar su inmunidad parlamentaria. Las
investigaciones han ido desmadejando no solo el accionar de este personaje,
sino el de muchos miembros de su familia que militan en el partido Fuerza
Popular.
Los negocios turbios siempre han tenido fuerte
presencia en la política nacional a través de diversos personajes que militaban
en los partidos de turno. Los contubernios eran variados: en la época del
primer gobierno de Fernando Belaunde, el contrabando, sobre todo textil,
avalado por el entonces Ministro de Marina, almirante Florencio Texeira,
debilitó a ese gobierno. El retorno de la democracia en los 80 trae otros dos sonados
casos: el de Guillermo Cárdenas Dávila, “Mosca Loca”, quien se ofreció pagar
toda la deuda externa del Perú de entonces; y el caso de Carlos Langberg, quien
financió la campaña de Villanueva del Campo por el APRA, frente a Belaunde por
su segundo gobierno. Ya el narcotráfico, poderosa herramienta de corrupción, se
había instalado en el Perú y comenzaba a extender sus turbias redes. Ambos
gobiernos de AGP también estuvieron regados de escándalos como el caso de
Reynaldo Rodríguez López, “El Padrino”; y los famosos narcoindultos o los
extraños vínculos con Gerald Oropeza y familia. Pero fue el gobierno de Alberto
Fujimori y su siniestro socio Vladimiro Montesinos en el que el narcotráfico y
la descarada corrupción de prebendas y dinero contante y sonante se enraízan en
todos los niveles de la sociedad peruana, fuera de la densa red de corrupción que recorrió el mundo de la privatización como el sonado caso Yanacocha. Los
estudios de Alfonso Quiroz, destacado historiador fallecido prontamente (HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ, IEP, 2013); Carlos
Iván Degregori, antropólogo también fallecido (LA DÉCADA DE LA ANTIPOLÍTICA, IEP, 2012; así como el de las periodistas
británicas Sally Bowen y Jane Holligan (EL ESPÍA IMPERFECTO, PEISA, 2002); todos, con sus respectivas
investigaciones, develaron una red corrupción insospechada que se convierte en
la pesada herencia que recibe nuestra debilitada sociedad política. La historia
identifica al gobierno de Alberto Fujimori como un narcoestado.
¿Estamos en camino de seguir esa línea?
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