Bicentenario doloroso. Sangriento. Polarizado. Las marchas que salieron a las calles para protestar contra la intención golpista salen a las carreteras para reclamar saldos pendientes en diversas partes de nuestro vasto territorio. La falta de claros interlocutores para tratar los problemas, los más de índole agrario, es un necesario pendiente a resolver para evitar esta situación extremadamente grave por las fisuras que se están abriendo en nuestra sociedad. Los hechos de violencia no son una eclosión surgida de la nada. Es una suma de silencios, errores y ausencias que comienzan a estallar en momentos duros como los que estamos pasando en todo el país. Tras la dura pandemia que abatió a muchos peruanos, la crisis económica que trata de ser menguada por ciudadanos trabajadores; a todo esto, se suma la indiferencia de las elites de poder que no han sintonizado con los problemas que hay en todo el territorio. Se identifican más de doscientos conflictos latentes en los que encontramos los laborales, ecológicos o medioambientales, políticos. La Defensoría del Pueblo ofrece un mapa interactivo (https://www.defensoria.gob.pe/mapa-de-conflictos-sociales/) en el que se muestra una realidad latente que pueda estallar en cualquier. Pero, dicho documento virtual, actualizado a octubre de este año, debe de agregar estos nuevos escenarios.
Además de estos datos
disponibles para todos y los que deberían de ser revisados permanentemente por
las personas interesadas, la observación directa viene sobre los responsables
políticos de cada región en las que hay estos conflictos. La falta de
información por parte de los partidos políticos y sus representantes (gobiernos
regionales o congresistas) es lamentable. En cuanto a los congresistas, es
bueno recordar dos de sus funciones: “[..] se debe a todos los peruanos, por
lo que debe escuchar sus demandas” y “A través del debate
consigue acuerdos con el resto de sus colegas para proponer, revisar y
aprobar leyes que beneficien a todos los peruanos”. Veamos si es
válido en los 130 congresistas (7 por La Libertad) que representan a más de
treinta millones de peruanos. Hemos visto su triste y decepcionante accionar en
el anterior y actual Congreso, el cual reúne gente cuyo interés dista de las verdaderas
funciones. La derogación de la Ley Agraria ha sido un acto más por la reacción
social que por otra capacidad de encontrar soluciones consensuadas a los
problemas álgidos dejándonos sin marcos legales. Su labor se ha centrado más en
crear zozobra y protegerse entre ellos (hasta ahora siguen cubiertos Edgar
Alarcón y Humberto Acuña) que en actuar por el bien de la sociedad. Muchos de
ellos residentes en Lima por años, se lanzan a postular por regiones cuya
realidad desconocen. En el caso de nuestros legisladores, ¿habrán percibido
antes el malestar de los trabajadores agrarios o ahora se suben a la ola con el
fin de quedar bien ante ellos? Estamos aprendiendo a golpes.
