La huelga y el paro laboral
son algunos derechos de los trabajadores ganados en diversas circunstancias
históricas; por ejemplo, el origen del simbólico Día del Trabajo refiere a los
luctuosos sucesos en Chicago durante los primeros días de mayo del 1886. Estos
derechos, como otros aún no conocidos por la mayoría de la población
trabajadora, figuran en la Constitución peruana de 1993 y reguladas por D.S. Nº
010-2003-TR (Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo)
y el D.S. Nº 011-92- TR (Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de
Trabajo). El primer decreto regula el derecho a la huelga en los artículos de
72 al 86, y el segundo en los artículos 62 al 73 (fuente Sergio Salguero
Aguilar). Salvo gobiernos de facto, estos derechos se han tornado casi
inalienables en toda sociedad democrática, pues están inmersos en los DDHH, ya
que un reclamo justo se fundamenta en el Derecho a la Justicia y la Vida. No
creo que haya personas que rechacen la idea de mejoras salariales que redundarán
en la mejora de su calidad de vida y de su familia. La declaración de una
huelga o de un paro es siempre un acto político, pues es una estrategia y una manifestación
pública de un grupo que busca un objetivo, que debe de ser una mejora social no
solo del grupo que representan sino de la sociedad en general. Este es el
ideal.
La huelga magisterial ha ido
tomando muchos caminos desde que se declaró en Cuzco en pasado junio. Tropiezos
de todas las partes dirigentes del SUTEP, las luchas intestinas por el poder de
este extenso sindicato, el desplazamiento de bases tradicionales por otros más
radicales; los desaciertos de negociación por parte del Gobierno y sus
ministros involucrados (no solo Educación, tras ella Trabajo y Economía), sus
erradas formas de comunicación; el aprovechamiento de líderes y personajes de
oposición de esta coyuntura, las formas insidiosas de participación y
comunicación de algunos congresistas: todo esto ha coadyuvado a generar una
significativa desestabilización social en este sector sensible de la sociedad.
La educación ha perdido puntos en su presupuesto anual, en vez de incrementarlo
para generar mejoras en este sector. Esto genera un profundo malestar pues se
asumió que el sector Educación iba a ser prioritario para este Gobierno. Del otro lado,
muchos dirigentes parecieran no buscar el bien común, sino que juegan con la
impunidad y mediocridad para favorecer a sus propios intereses o el de sus
aliados. Han desvirtuado el principio de la huelga. Hay docentes que, lejos de
ser retirados por diversas irregularidades, han sido beneficiados con ciertas
movidas en detrimento del ideal educativo. La capacitación necesaria, punto no
negociable, ha sido cuestionada por diversos dirigentes con el fin de favorecer
a sus partidarios.
Esperemos que la sensatez guíe
a ambas partes, actúen con lucidez pensando en llegar a un bien común, el bien
social. Los peruanos se lo agradeceremos.
