La semana que acaba ha sido un
cúmulo de frustraciones, pero también de buenos augurios en el horizonte. El
excesivo centralismo de las noticias (y de todo, en general) no nos ha
permitido centrarnos en graves problemas que nos aquejaron y siguen dañando
nuestro sensible tejido social, con tensiones y carencias a las cuales no se
les da la debida atención.
La suerte del actual alcalde provincial,
Daniel Marcelo, está virtualmente echada. Tras la confirmación de la Sala de
Apelaciones Transitoria, Marcelo recibió una condena de prisión suspendida por
cuatro años que lo inhabilita para ejercer cualquier puesto político. No ocupó
dicho cargo ni siquiera un año. En el historial de los anteriores alcaldes que
ocuparon el sillón edil, solo dos no culminaron sus periodos municipales por
razones de postulación a los cargos de presidente del gobierno regional de La
Libertad: José Murgia Zannier en el 2006 y César Acuña en el 2014. Hemos tenido
diversos intentos de vacancias a dicho puesto, pero este proceso no prosperó.
Daniel Marcelo fue designado por su partido, Alianza para el Progreso (APP),
como su principal carta de confianza para encargarle tal responsabilidad. La
población, quiero pensar por ignorancia, votó masivamente por el candidato
apepista, pese a que venía con pesados pasivos que ahora le han costado el
puesto. Lo que raya con lo ridículo de la situación es que los mismos
dirigentes que lo colocaron en la cabeza de la lista, con su respaldo y
confianza, ahora le dan las espaldas. Lavada de manos al estilo Pilatos. Y como
segundo hombre de confianza al también bastante cuestionado José Ruiz Vega,
quien es en la actualidad teniente alcalde. Ruiz Vega ha comenzado a aparecer
en diversos medios de comunicación y en las redes por numerosas acciones y
faltas sospechosas cometidas por este en su gestión edil en Huanchaco: tráfico
de tierras e influencias, entre ellas. Ruiz será el nuevo alcalde que rija los
destinos de una ciudad convulsionada, plagada de anomias sociales y con escaso
liderazgo.
Pero, la respuesta de
indignación de muchos ciudadanos ha sido alentadora y positiva, y debe de ser
canalizada. Esta fuerza ciudadana, alguna vez reunida en iniciativas como
Trujillo ¡Ahora! de la ciudadana Marcela García, amerita una nueva convocatoria
de la sociedad civil. Una convocatoria para convertirse en un faro ciudadano.
Un espacio que convoque ciudadanos e instituciones, como las universidades
(excesivamente endogámicas) para observar el trabajo que deben de cumplir las
autoridades. Se ha conversado con algunas personalidades interesadas en
convocar a ciudadanos defraudados y hastiados del mal manejo realizado por diversos
grupos de personas enquistadas en partidos que más han pensado en ellos que en
el bien ciudadano. Por eso, este grupo no debe de ser dirigido por partido
político alguno, puesto que algunos de ellos están presentando candidatos de
dudosa catadura.
Hay que echarnos a andar.
