En los últimos meses hemos sido testigos de dos fenómenos interesantes que podrían determinarse como vinculantes, complementarios: un crecimiento exponencial de formas productivas ilegales (minería, tala, tráfico de terrenos, un amplio etcétera) y un crecimiento destacado de algunos campos de la producción: agricultura, construcción y minería, sobre todo. Esta situación permite preguntarnos si es que ambas realidades van íntimamente relacionadas. El crecimiento se ha dado en nuestro país de manera notable, pero no el desarrollo, el cual involucra una visión más totalizadora y equilibrada de una sociedad y beneficia a todos los actores sociales. Hay crecimientos nocivos que destruyen todo tejido social, como lo son la violencia, el narcotráfico y la ilegalidad en todas sus formas; estos crecimientos han sido sostenidos y han alcanzado casi todos los estamentos sociales, políticos, económicos y culturales. Estas modalidades generan el consumo de elementos suntuoso, en búsqueda de un reconocimiento social y un nuevo estilo de vida (licor, autos de lujo, etc.), así como la generación de diversas estrategias de gasto para evadir seguimientos fiscales (locales de escasa rotación, compra compulsiva de propiedades, construcción, por ejemplo). El avance de la minería ilegal en nuestra región es un caso destacable, acompañada de diversas formas de violencia que han convertido a nuestra ciudad y región en una suerte de tierra de nadie. Pataz es sinónimo de ello. El ascenso de personajes vinculados se manifiesta en el creciente poder evidenciado en espacios como el Congreso u otras formas de poder (alcaldías, por ejemplo), tanto del legislativo como el ejecutivo. Lo que hemos estado viviendo recientemente con legislaciones pro crimen es una clara evidencia de ello. Hacen recordar los años de Ollanta Humala en cuyo gobierno tuvimos una buena cantidad de congresistas que provenían de diversos valles cocaleros de la sierra y selva. Ahora tenemos muchos representantes pro minería ilegal, la que está conduciendo los hilos económicos y políticos de nuestro país. En la búsqueda de legalizarse a su manera, diversas propuestas en los últimos años son antitécnicas, nocivas y generadoras de todos los problemas sociales, ambientales e, incluso, económicos que esta modalidad acarrea. Presionan para lograr sus objetivos a través de huelgas e interrupciones viales que atentan contra la ciudadanía. Pero, el oro los sigue enriqueciendo de manera directa y a otros indirectamente. ¿Estos modelos de corrupción son la locomotora económica de nuestro país? Para muchos, sí. Su riqueza es el brillo de pocos. El desorden en el que se nos está arrastrando y que se proyectará en las próximas elecciones generales del año entrante será como un canto de sirenas, un refugio para muchas personas en situación crítica y una pesadilla para la sociedad en su conjunto. Quizás este sea el modelo en el que los peruanos quieran vivir.
