Las escenas que nos han llegado desde Turquía y Siria son
terribles. Mientras en el Sur peruano, violentas lluvias causaron mortales
deslizamientos en zonas donde se asienta la minería ilegal. Y, por último, se
anuncia de manera alarmante un escenario de triste recordación para los
trujillanos: un posible Niño como el que tuvimos en 2017, aunque de baja
intensidad. Como suele suceder, estas noticias han comenzado a diluirse en los
medios de comunicación, tal como ha sucedido con la muerte de varios ciudadanos
hace ya un poco de un mes en Juliaca. Todo pasa al olvido de manera
intencional, quizás.
El caso del gran sismo turco está trayendo mucha cola. Las
dolorosas imágenes muestran grandes edificios colapsados con mucha gente en su
interior, mientras familiares impotentes tratan de rescatar entre los escombros
a sobrevivientes. Extraña mucho la cantidad de edificios de más de 4 pisos que
han colapsado. Son construcciones relativamente modernas que se han desplomado
llevando la vida de sus inquilinos. Y las alertas han saltado en esa nación:
corrupción en las licencias de edificación, promovida por los magnates turcos
de la construcción. Miles de personas han perdido sus propiedades y muchas de
ellas, sus vidas. Se genera automáticamente la duda para nosotros: ¿cómo
estamos aquí en ese rubro? Uno ve construcciones tan precarias de varias
plantas que uno se pregunta qué irá pasar con un verdadero sismo, ese que no se
ha tenido en nuestra ciudad desde aquel mayo de 1970. Hay edificaciones en
zonas de suelos no adecuados para construcciones de varios pisos, salvo que se
cuentan con un buen reforzamiento en las bases y, en algunos casos, de zapatas
en zonas pantanosas. Huelga decir dónde se hallan estas en Trujillo. Y esto va
amarrado con la posibilidad de volver a sufrir un nuevo Niño que “partió” a
nuestra ciudad de norte a sur aquel marzo del 2017. Tras la catástrofe, un
grupo de amigos hizo las investigaciones para ver cómo se puede prevenir otro
siniestro. Los resultados caían por su peso: licencias de construcción (algunas
veces, construcción clandestina), titulación de terrenos en zonas de alto
riesgo, un sinfín de errores que permitirán repetir el mismo escenario vivido
en ese fatídico marzo. Quizás, todas las edificaciones dañadas en 2017 ya estén
nuevamente “operativas” hasta el próximo desastre. Habrá que ver si se ha
cumplido con la prevención en las zonas siniestradas de Pataz y Chavín de Huántar,
colapsadas hace casi un año. El caso de los mineros ilegales en Secocha,
Arequipa, es una evidencia de no haber acatado las disposiciones planteadas en
su momento: más de 41 personas muertas por un huaico ya anunciado.
Acostumbrados a vivir en la cultura de la informalidad y la corrupción en todos los niveles de nuestra sociedad, la vida humana no es relevante para muchos inescrupulosos que prefieren lucrar ilegalmente en vez de velar por el bienestar de los demás. Dios nos coja confesados.
